A las puertas del proceso de regularización de inmigrantes, organizaciones policiales han lanzado una advertencia sobre posibles riesgos para la seguridad y la falta de mecanismos de control suficientes. El Sindicato Unificado de Policía, por ejemplo, señala que la medida coincide con un aumento de la presión migratoria en los últimos meses.
Este incremento de llegadas, tanto por vía aérea como marítima, está generando una mayor carga de trabajo para la Policía Nacional. Los agentes deben asumir tareas de identificación, control y tramitación de expedientes, lo que podría derivar en una saturación del sistema.
La situación resulta especialmente preocupante en Ceuta, que se ha convertido en el principal punto de entrada de inmigración irregular. En lo que va de año, más de 1.600 personas han accedido por vía terrestre, multiplicando por seis las cifras del año anterior.
Este cambio de tendencia en los flujos migratorios coincide con la inminente puesta en marcha del proceso de regularización impulsado por el Ministerio del Interior. Las fuerzas de seguridad alertan de que ambas situaciones combinadas pueden aumentar los desafíos operativos.
Uno de los aspectos más polémicos es el relacionado con los antecedentes penales. La normativa permite acreditar su ausencia mediante una declaración responsable, lo que genera dudas entre los sindicatos policiales sobre la fiabilidad de este sistema.
Además, advierten de las dificultades para verificar la información en los países de origen, donde el acceso a registros penales puede ser limitado o inexistente. En algunos casos, si no se obtiene respuesta oficial, la Administración podría dar por válida la declaración del solicitante, lo que incrementa la preocupación por posibles fallos en el control.