La investigación judicial sobre la dana ha dado un nuevo giro con la decisión de citar como testigo al expresidente valenciano Carlos Mazón. La medida llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazara su imputación la semana pasada.
La jueza instructora ha argumentado en su auto que la resolución del alto tribunal excluye cualquier responsabilidad penal de Mazón, especialmente en su vertiente omisiva, al considerar que no ostentaba una posición de garante en los hechos investigados.
Asimismo, el tribunal valenciano tampoco aprecia indicios de delito en una posible actuación activa del expresidente, como en el caso del envío del sistema de alertas ES-Alert. Por ello, la magistrada considera que no es viable anticipar futuras responsabilidades penales en su contra durante la instrucción.
Pese a ello, la jueza ha estimado pertinente su declaración como testigo, una diligencia que se llevará a cabo una vez que la resolución judicial sea firme. Su testimonio podría ayudar a esclarecer el contexto de las decisiones adoptadas durante la emergencia.
En paralelo, la investigación continúa con nuevas diligencias. La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, ha sido citada para realizar una prueba caligráfica sobre un documento relevante, mientras que otros responsables serán llamados a declarar para ampliar información.
Entre ellos figuran el subdirector de Emergencias y la ex portavoz del Consell, Ruth Merino. Además, la jueza ha solicitado registros de comunicaciones del día de los hechos y ha impuesto una fianza de 6.000 euros a una asociación que pretende ejercer como acusación popular.