Una mujer de 37 años ha fallecido en Sevilla tras denunciar al Servicio Andaluz de Salud por un presunto error en el diagnóstico de un tumor cerebral. El caso, confirmado por su representación legal, apunta a un retraso de más de un año en detectar la enfermedad, lo que ha derivado ahora en posibles acciones penales.
El origen se remonta a enero de 2023, cuando la paciente acudió a su centro de salud con síntomas como debilidad, temblores y episodios cercanos a la pérdida de conciencia. Según la denuncia, el médico atribuyó el cuadro a estrés laboral y problemas cervicales, sin realizar pruebas relevantes ni derivarla a un hospital, limitando el tratamiento a fármacos como antidepresivos y relajantes musculares.
Durante los meses siguientes, la mujer regresó hasta en ocho ocasiones al mismo centro sin que se avanzara en el diagnóstico. No fue hasta mayo cuando se le realizó una resonancia cervical, que descartó la causa inicial, y en junio fue derivada a Neurología. Sin embargo, en julio, en el Hospital Virgen del Rocío, fue evaluada sin que se solicitaran pruebas adicionales.
El deterioro progresivo de su estado la llevó a acudir de nuevo en diciembre de 2023. Finalmente, en febrero de 2024 se le practicó una resonancia craneal, más de un año después de la primera consulta. El diagnóstico llegó el 3 de marzo: un tumor cerebral con afectación en ambos hemisferios, en una fase ya avanzada.
Antes de fallecer, la paciente había iniciado una reclamación patrimonial contra el SAS que superaba los 417.000 euros, ampliada tras detectarse nuevas secuelas. Tras su muerte, la familia estudia la vía penal, al considerar que los hechos podrían constituir un delito de homicidio por imprudencia profesional y lesiones por imprudencia grave.
El abogado José Antonio Sires ha calificado el caso como especialmente grave: “El fallecimiento de nuestra clienta supone un desenlace trágico que, a nuestro juicio, podría haberse evitado con una actuación médica diligente desde el inicio”. Además, ha denunciado un “retraso diagnóstico grave” y una “clara pérdida de oportunidad terapéutica”, señalando que este caso evidencia “fallos estructurales en la atención sanitaria que no pueden volver a repetirse”.