Más de 140 jueces y juezas de Juzgados de Violencia sobre la Mujer han denunciado, en un comunicado, que la especialización en esta materia prevista en la Ley Orgánica 5/2018 sigue «en punto muerto» casi siete años después de su aprobación.
Los profesionales recuerdan que la norma preveía pruebas selectivas específicas para acreditar la especialización y convertirla en criterio preferente para acceder a plazas en órganos especializados, especialmente en las secciones de las audiencias provinciales, pero subrayan que estos procesos «no se han desarrollado» y que tampoco se han reformado los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial necesarios para consolidar esa preferencia.
Los firmantes vinculan la situación a una resolución del Tribunal Supremo de 2020 que, según explican, ha tenido efectos negativos sobre su antigüedad, méritos y posibilidades de promoción, al considerar los Juzgados de Violencia sobre la Mujer como órganos mixtos, lo que en la práctica limita sus opciones para acceder a secciones especializadas y a los órganos que resuelven los asuntos más graves.
Critican que, mientras los concursos para cubrir plazas en secciones especializadas de las audiencias se siguen convocando con normalidad y pueden ser ocupadas por magistrados sin experiencia previa en violencia de género, la especialización en violencia contra la infancia y la adolescencia, introducida por la Ley Orgánica 1/2025, sí se ha puesto en marcha en los plazos previstos.
Asimismo, reprochan al Consejo General del Poder Judicial, a los ministerios de Justicia e Igualdad, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, al Defensor del Pueblo, a GREVIO y a los grupos parlamentarios que, pese a conocer desde hace años esta situación, no hayan abordado una solución efectiva, y se preguntan si puede hablarse de «consenso» en la lucha contra la violencia de género mientras la especialización real «se queda en el papel».