El debate sobre el llamado ‘escudo social’ vuelve a tensar el clima político en el Congreso. Tras dos rechazos consecutivos en la Cámara Baja, el PSOE descarta fragmentar el decreto ley para facilitar su aprobación. La portavoz socialista, Montse Mínguez, lo expresó con una metáfora clara: “No es una caja de bombones”.
El decreto incluye medidas clave como la prohibición de desahucios a personas vulnerables, la limitación de cortes de suministros básicos y otras iniciativas de protección social. El Gobierno impulsó este paquete durante la pandemia y lo ha prorrogado hasta en seis ocasiones. Ahora, sin embargo, encuentra una oposición firme por parte del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya.
En su primera votación de este año, el Ejecutivo incluyó también la revalorización de las pensiones. La iniciativa no prosperó. Después, el Gobierno retiró ese punto y volvió a presentar el texto. Tampoco salió adelante. Los grupos que votaron en contra argumentaron que la prohibición de desahucios podría fomentar la “okupación”.
Mínguez rechaza esa interpretación. Defiende que el decreto protege exclusivamente a personas que acreditan una situación de vulnerabilidad real. Según explica, no afecta a pequeños propietarios. A su juicio, fragmentar la norma supondría ceder ante una lógica de negociación “a la carta” que desvirtúa el sentido del paquete.
La portavoz recuerda además que hace apenas un año algunos de estos partidos respaldaron medidas similares. Por eso, considera incoherente el cambio de posición actual. Para el PSOE, el escudo social funciona como un bloque coherente. Separar sus piezas debilitaría su impacto y enviaría un mensaje político equivocado.
El debate no solo enfrenta al PSOE con la oposición. También genera matices dentro del propio bloque gubernamental. Sumar ha planteado la posibilidad de dividir el decreto en varias iniciativas independientes. Su objetivo sería salvar al menos algunas medidas, ante la negativa explícita de Junts a respaldar la prohibición de desahucios.
Sin embargo, los socialistas no comparten esa estrategia. Consideran que trocear el texto implica aceptar que cada grupo elija qué parte respalda y cuál no. “No se puede legislar en función del capricho”, sostienen desde el entorno parlamentario del PSOE.
Mínguez insiste en que el foco debe situarse en las personas que dependen de estas medidas. Cuando un decreto cae, no solo se produce una derrota política. También se genera un vacío de protección. Familias vulnerables pueden quedar expuestas a desahucios o cortes de luz y agua sin red de seguridad.
La dirigente socialista también ha criticado que los mismos partidos hayan rechazado otras iniciativas sociales, como la limitación de precios en situaciones de emergencia. A su juicio, la oposición busca desgastar al Ejecutivo. Pero advierte que bloquear decretos no provoca la caída del Gobierno, sino que afecta directamente a quienes necesitan que el Boletín Oficial del Estado garantice su protección.
En el fondo, el debate revela algo más profundo: la dificultad de construir consensos en un Parlamento fragmentado. El PSOE apuesta por mantener la integridad del escudo social. Cree que su fuerza reside precisamente en su carácter conjunto. Y, por ahora, no está dispuesto a convertirlo en una caja de bombones políticos.