PP, Vox y Junts rechazan la ley de Sumar para prohibir despidos en deslocalizaciones empresariales

La mayoría absoluta de PP, Vox y Junts frena en el Congreso la iniciativa para vetar despidos y exigir la devolución de ayudas públicas en traslados fuera de la UE

El Congreso ha escenificado este martes un nuevo choque parlamentario en torno a la protección del empleo. PP, Vox y Junts han rechazado la proposición de ley de Sumar que pretendía prohibir los despidos colectivos en procesos de deslocalización empresarial fuera de la UE.

Un debate sobre empleo, ayudas públicas y límites empresariales

La iniciativa impulsada por Sumar buscaba impedir que las empresas que trasladaran su actividad industrial o productiva a países fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo pudieran ejecutar despidos colectivos vinculados a esa decisión. Además, contemplaba la obligación de devolver las ayudas públicas recibidas en los cuatro años previos y reforzar la participación sindical en los procesos de venta o transmisión de unidades productivas.

Desde la tribuna, la portavoz de Sumar defendió la propuesta como una herramienta para frenar lo que considera un uso indebido de recursos públicos. El mensaje fue claro: el dinero del Estado debe servir para proteger el empleo y sostener la industria, no para financiar cierres o traslados de actividad.

Sin embargo, la mayoría absoluta que suman PP, Vox y Junts en la Cámara Baja ha frenado la iniciativa. Para el PP, la proposición resulta “desproporcionada” y supone una injerencia en la capacidad organizativa de las empresas. Los populares consideran que añade más cargas burocráticas y que una reforma de este calado debería surgir del diálogo social y no de una propuesta unilateral.

Vox, por su parte, ha admitido que el objetivo puede ser loable, pero ha advertido de que introducir nuevas rigideces podría debilitar el tejido productivo. Especialmente crítica ha sido su posición respecto a la devolución de ayudas públicas, que califican de medida excesiva si penaliza decisiones empresariales consideradas legítimas.

Junts también ha mostrado su rechazo, argumentando desacuerdos políticos más amplios con el Gobierno y cuestionando el enfoque de la norma, al que atribuyen una visión demasiado rígida del marco laboral.

Apoyos parciales y división sobre el modelo industrial

Frente a esta mayoría contraria, otras formaciones como el PSOE, el PNV, EH Bildu, ERC, Podemos y el BNG han mostrado su respaldo a que la propuesta se debata.

Desde el PSOE se ha valorado positivamente el espíritu de la ley, aunque recordando que el Ejecutivo trabaja en una Ley de Industria más amplia que abordaría no solo las deslocalizaciones, sino también la atracción de nuevos proyectos y la cohesión territorial.

El PNV ha defendido que el Estado no puede ser un espectador pasivo cuando se destruyen puestos de trabajo, citando modelos similares en países como Francia o Alemania. EH Bildu y Podemos, aunque favorables, han planteado incluso ir más allá en la devolución de ayudas, ampliando el periodo exigible.

El debate refleja una cuestión de fondo: cómo equilibrar la libertad empresarial con la protección del empleo en un contexto globalizado. Mientras unos priorizan la competitividad y la flexibilidad normativa, otros ponen el foco en blindar la industria nacional y evitar que los fondos públicos financien procesos de traslado productivo.

La proposición de Sumar no ha prosperado en esta fase, pero el debate sobre las deslocalizaciones empresariales sigue abierto. Y, con él, la discusión sobre qué modelo industrial y laboral quiere consolidar España en los próximos años.