Sánchez anuncia la desclasificación de los documentos del 23-F tras 45 años

El Gobierno abrirá al público los archivos del golpe del 23-F, incluidos documentos del CESID y el sumario judicial, coincidiendo con el 45 aniversario del intento de asonada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el 45 aniversario de los hechos.

El jefe del Ejecutivo lo ha comunicado a través de un mensaje en redes sociales, donde ha defendido que “la memoria no puede estar bajo llave” y ha señalado que la medida busca “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”. Según ha afirmado, las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ampliará los detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Fuentes de Moncloa indican que la desclasificación se hará efectiva el miércoles 25 con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de entonces, los documentos estarán disponibles para consulta pública en la web oficial del Gobierno.

Entre los materiales que saldrán a la luz figura el sumario completo del juicio, custodiado en el Tribunal Supremo, compuesto por 89 legajos con grabaciones originales y declaraciones de los implicados en la asonada liderada por el teniente coronel Antonio Tejero.

También se prevé la desclasificación de archivos de los servicios de inteligencia de la época, entonces denominados CESID —antecesor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, incluyendo documentos internos y transcripciones de escuchas de la noche del golpe, catalogadas como “alto secreto”. A ello se suman comunicaciones institucionales y informes militares elaborados durante aquella jornada.

Ley de secretos oficiales

La decisión se enmarca en el proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado por el Gobierno en 2025, que pretende sustituir la legislación franquista sobre secretos oficiales y que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso.

El texto establece plazos automáticos de desclasificación: 45 años para los documentos catalogados como “alto secreto”, 35 años para los “secretos”, entre 7 y 9 años para los “confidenciales” y entre 4 y 6 años para la información “restringida”.

La coincidencia entre el aniversario del 23-F y el límite de 45 años previsto en la nueva normativa ha llevado al Ejecutivo a impulsar ahora la apertura de estos archivos, considerados clave para esclarecer definitivamente uno de los episodios más delicados de la historia reciente de la democracia española.