El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, Luis ‘Alvise’ Pérez, declaró este lunes ante el Tribunal Supremo. Reconoció haber mantenido contactos y haber difundido mensajes sobre dos eurodiputados que integraron su lista electoral. Sin embargo, negó de forma clara cualquier intención de acoso.
Alvise acudió de manera voluntaria a la citación. Lo hizo antes de que el Parlamento Europeo decida sobre un posible levantamiento de su inmunidad. A la salida, se mostró tranquilo y convencido de su inocencia. Afirmó que conoce lo ocurrido y confía en que la causa termine archivada.
La querella parte de Diego Solier y Nora Junco. Ambos ratificaron su denuncia ante el instructor, el magistrado Manuel Marchena. Sostienen que los mensajes difundidos por Alvise provocaron una reacción masiva en redes. Esa reacción, dicen, afectó a su vida personal y a su trabajo parlamentario.
Tras abandonar la formación de Alvise, los dos eurodiputados se integraron en el grupo europeo de Conservadores y Reformistas. Allí se alinearon con el partido de Giorgia Meloni. Este cambio político marcó un punto de inflexión en su relación con el líder de SALF.
Según relataron los querellantes, tras la difusión de mensajes en un pódcast y en canales de Telegram vinculados a Alvise, comenzaron a recibir una avalancha de insultos y amenazas. Aseguran que se hicieron públicos datos personales, como correos electrónicos o números de teléfono, lo que generó una situación de inseguridad constante. Algunos de ellos llegaron a modificar rutinas diarias y limitar su presencia en redes sociales para protegerse.
El Supremo considera que estos hechos podrían encajar, de forma indiciaria, en delitos de acoso y revelación de secretos, al entender que existieron llamamientos explícitos a mantener una actitud hostil hacia los eurodiputados. En algunos mensajes, se habría animado a seguidores a increparlos públicamente, lo que, según el alto tribunal, pudo comprometer de manera significativa el normal desarrollo de su vida cotidiana, según Europa Press.
El caso se enmarca, además, en un momento judicial delicado para Alvise. A esta investigación se suman otras causas abiertas en el Supremo, entre ellas por la difusión de una PCR falsa del exministro Salvador Illa, un presunto acoso en redes a una fiscal especializada en delitos de odio y una investigación por financiación irregular de su formación política.
Mientras la instrucción avanza, el dirigente de SALF insiste en que nunca buscó intimidar ni perseguir a nadie y defiende que sus mensajes se enmarcan en la crítica política. Será ahora el Tribunal Supremo quien determine si esa frontera fue respetada o si, por el contrario, se cruzó hacia un terreno penalmente relevante.