García Ortiz se reincorporará al Supremo en la Fiscalía de lo Social tras ser condenado

El exfiscal general busca un destino con menor exposición pública mientras se resuelven los recursos y su futuro en la carrera fiscal

La carrera de Álvaro García Ortiz entra en una nueva fase marcada por la discreción y la incertidumbre. Tras su condena y su salida como fiscal general del Estado, el jurista ha solicitado incorporarse a la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo, un destino con menor exposición pública que el que ocupó hasta ahora. El movimiento refleja tanto una estrategia personal como un escenario institucional aún abierto.

Un regreso al Supremo en un contexto complejo

Después de su cese, García Ortiz ha pedido reincorporarse como fiscal de Sala en la sección social del Tribunal Supremo. Se trata de uno de los destinos más técnicos y menos mediáticos dentro del Ministerio Público, algo que encaja con la voluntad del propio fiscal de alejarse del foco público tras meses de intensa presión política y judicial.

García Ortiz mantiene la máxima categoría profesional dentro de la Fiscalía, un estatus que obtuvo tras su ascenso durante el mandato de Dolores Delgado. Sin embargo, su futuro no está completamente despejado. La Inspección de la Fiscalía General deberá analizar cómo afecta la sentencia a su continuidad en la carrera fiscal y si procede una suspensión o una expulsión, tal y como prevé el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El alto tribunal, no obstante, ha señalado que una expulsión automática podría resultar desproporcionada, aunque también ha dejado claro que no le corresponde fijar las consecuencias administrativas de la condena. Esa decisión queda ahora en manos de los órganos internos del Ministerio Público, lo que mantiene el caso en una situación de espera institucional.

La condena, los recursos y el debate jurídico abierto

El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, además de una multa económica, por un delito de revelación de datos reservados. También fijó una indemnización a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La sentencia ha generado un intenso debate jurídico y político, tanto por su contenido como por sus implicaciones.

La Abogacía del Estado, que ejerció la defensa del exfiscal general, dispone de plazo para presentar un incidente de nulidad. Aunque este tipo de recursos rara vez prospera, resulta imprescindible para agotar la vía judicial y poder acudir posteriormente al Tribunal Constitucional en demanda de amparo.

De forma paralela, la propia Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado la anulación de la sentencia. En su escrito, la teniente fiscal María de los Ángeles Sánchez Conde sostiene que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia, al no valorar adecuadamente pruebas y testimonios que, según su criterio, cuestionaban el núcleo de la condena, según apunta 20 minutos.

El documento incide también en que determinados hechos, como la difusión de una nota de prensa oficial, ya habían sido considerados no punibles por la propia sala. Este posicionamiento interno pone de manifiesto la división jurídica que ha acompañado al caso desde el inicio.

Mientras se resuelven los recursos y se clarifica su situación administrativa, García Ortiz se prepara para un retorno al trabajo técnico en el Supremo. Un paso que simboliza un intento de normalización profesional, aunque bajo la sombra de una sentencia que sigue generando debate y cuyas consecuencias definitivas aún están por escribirse.