Hace 23 años, en noviembre de 2002, el petrolero Prestige sufrió una vía de agua frente a la costa gallega. Seis días después, el buque se partió en dos y se hundió a más de 3 mil metros de profundidad. Transportaba 64 mil toneladas de fuelóleo pesado, que terminaron vertidas en el mar, afectando más de 2 mil 900 kilómetros de litoral entre Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, y también parte de la costa francesa.
El impacto fue devastador. Miles de aves murieron, caladeros enteros quedaron cerrados y el sector pesquero sufrió pérdidas enormes. Las imágenes del chapopote cubriendo playas y rocas dieron la vuelta al mundo. La ciudadanía reaccionó de inmediato: miles de voluntarios llegaron desde toda España para limpiar manualmente el fuel. De ese esfuerzo surgió el movimiento Nunca Máis, que se convirtió en símbolo de la lucha ambiental en Galicia y en todo el país.
El desastre no solo dejó daños ecológicos y económicos. También expuso fallos graves en la gestión política y marítima. La coordinación entre autoridades fue insuficiente, y la ausencia de protocolos claros para buques en peligro agravó la tragedia. En los tribunales, el caso se convirtió en uno de los más complejos de España, con más de 2 mil partes personadas, 133 testigos y 98 peritos. El capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, fue señalado como responsable, aunque la defensa sostuvo que muchas decisiones críticas fueron tomadas por autoridades políticas y no por la tripulación, según el EXCELSIOR.
El Prestige transformó la manera en que España y Europa gestionan los riesgos marítimos y la contaminación. La normativa europea sobre transporte de mercancías peligrosas se reforzó, los petroleros monocasco fueron retirados y se establecieron criterios más estrictos para los puertos refugio.
Legalmente, España y Francia lucharon por años para obtener compensaciones de la aseguradora del barco. En 2023, el Tribunal Supremo español dictaminó el pago de mil millones de euros en indemnizaciones, marcando un hito en la historia de la responsabilidad ambiental.
Hoy, 23 años después, el Prestige sigue siendo un recordatorio de que la prevención y la transparencia son fundamentales. También demuestra el poder de la sociedad civil ante una crisis. En Galicia, la herida sigue abierta: comunidades pesqueras aún recuerdan la paralización de su economía y los efectos ecológicos que tardaron años en revertirse, algunos de ellos irreversibles.
El Prestige dejó claro algo que nunca debe olvidarse: el mar recuerda, y lo que contaminamos, perdura. Su legado no son solo leyes más estrictas, sino la conciencia colectiva de que un desastre ambiental puede cambiar la historia para siempre.