El juez del ‘caso Leire’ escucha hoy la grabación del supuesto chantaje a fiscales en ‘nombre’ del PSOE

El objetivo habría sido influir o frenar investigaciones sobre políticos y empresarios, lo que podría constituir tráfico de influencias y cohecho

El juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, ha retomado hoy el caso que investiga a la ex militante socialista Leire Díez. La causa se centra en sus supuestas maniobras para obtener información sensible de fiscales, jueces y mandos de la Guardia Civil.

Hoy estaban previstas declaraciones de varios testigos, entre ellos periodistas que informaron sobre Díez y sus encuentros. También acudirá Jacobo Teijelo, abogado defensor de Santos Cerdán en el ‘caso Koldo’, en cuyo despacho se celebró una de las reuniones de la investigada.

Inicialmente, el juez tenía pensado interrogar a Díez, al periodista Pere Rusiñol y al empresario Javier Pérez Dolset, pero lo aplazó al 17 de noviembre. La decisión se debe a que el fiscal Ignacio Stampa, uno de los denunciantes, debía entregar documentación pendiente. Zamarriego había solicitado que se presentara antes del martes.

La investigación se centra en un presunto plan coordinado por Díez, junto a Pérez Dolset y Rusiñol, para recabar información comprometida de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo habría sido influir o frenar investigaciones sobre políticos y empresarios, lo que podría constituir tráfico de influencias y cohecho, según Europa Press.

Supuesto chantaje «en nombre de altas instancias»

El caso cobró especial relevancia tras la aparición de un audio grabado en el despacho de Teijelo. En él, Díez ofrecía favores a Alejandro Hamlym, empresario investigado por fraude en hidrocarburos, a cambio de información sensible. Según los fiscales denunciante, Leire Díez daba a entender que hablaba “en nombre de altas instancias del Estado”.

Stampa relató que, en una reunión con Díez y Pérez Dolset, le pidieron detalles sobre supuestas irregularidades en informes policiales y de fiscales anticorrupción. Le insinuaron que el presidente del Gobierno había dado la orden de “limpiar” casos, incluyendo investigaciones que afectaban a la esposa del mandatario.

Por su parte, el fiscal José Grinda denunció que Rusiñol le ofreció, a través de Díez, neutralizar demandas y obtener un destino en el extranjero a cambio de información sobre el jefe de Anticorrupción. Además, Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil, declaró que Díez le habló de una posible purga en el cuerpo y de recompensas si facilitaba datos.

Para el fiscal Juan Pablo Nieto, lo más relevante es la apariencia de autoridad que Díez habría creado, dándole credibilidad a sus supuestas ofertas de soborno. Según Nieto, los tres investigados actuaban coordinadamente, combinando intereses de políticos y empresarios, y buscaban debilitar la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

El desarrollo de la jornada de hoy marcará un paso más en la compleja investigación que mantiene en vilo tanto a la justicia como al entorno político.