García Ortiz defiende su inocencia y culpa al ‘aparato institucional’ de Madrid por la filtración

El fiscal general sostiene que la información clave ya circulaba y que su actuación buscó aclarar los hechos dentro de la Fiscalía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su escrito de defensa antes del juicio que se sigue en su contra por una presunta revelación de secretos. Según él, actuó dentro de sus competencias y no buscó perjudicar a nadie. La Abogacía del Estado, que lo representa, asegura que su actuación fue una reacción para proteger la imagen de la Fiscalía ante lo que consideran una campaña de desinformación.

García Ortiz señala que el «núcleo esencial» de la información ya había sido divulgado desde el “aparato institucional” de la Comunidad de Madrid. Antes de su intervención, unas 600 personas dentro de la Fiscalía ya tenían acceso a esos datos. La defensa niega que él filtrara el correo electrónico clave del abogado de Alberto González Amador a la SER, como sostiene el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado. Según su equipo, la información circulaba de manera paralela y fue un conjunto de hechos coordinados desde Madrid lo que llevó a la publicación, según Europa Press.

El papel del aparato institucional de Madrid

La Abogacía detalla lo que llama “una operación orquestada” para contrarrestar el impacto político de la noticia sobre González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Según el escrito, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, difundió mensajes entre periodistas con información incorrecta. Además, facilitó contactos con medios como ‘El Mundo’, que publicó datos esenciales sobre la investigación.

García Ortiz asegura que no tuvo conocimiento del contenido completo hasta después de la publicación. Su intervención buscaba aclarar los hechos dentro de la Fiscalía. El escrito explica que la estrategia de comunicación de la Comunidad de Madrid generó “dos procesos paralelos”: primero, el interés mediático que derivó en la difusión del correo; segundo, la actuación del fiscal general para verificar la información y garantizar la transparencia del Ministerio Público.

La defensa aclara que el borrado de su móvil y de su correo personal fue por motivos de seguridad. No hubo perjuicio hacia González Amador. Se proponen testigos como el propio González Amador y Rodríguez, y se rechaza la participación de terceros como Santos Cerdán. Con este escrito, García Ortiz busca dejar claro que actuó dentro de la legalidad y que la responsabilidad del “núcleo esencial” de la filtración recae en el aparato institucional de Madrid.