Nacho Cano interpone una querella contra la jueza que le investigó por ‘Malinche’ por su «notoria» parcialidad

La defensa del productor musical argumenta que el atestado policial que inició la investigación se basó en “premisas erróneas»

Nacho Cano ha interpuesto una querella contra la jueza Inmaculada Iglesias por la presunta comisión de un delito de prevaricación relacionado con la investigación sobre supuestas irregularidades en su espectáculo Malinche. Según el escrito judicial, Cano solicita que la magistrada sea declarada querellada, un delito que conlleva «una pena de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años».

El documento judicial incorpora como prueba la grabación de la declaración de la subinspectora de trabajo que elaboró el informe de la inspección realizada el 27 de junio de 2024, considerada clave para el archivo del caso. La querella se presenta meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera archivar provisionalmente la causa, al entender que no existían indicios de que los ciudadanos mexicanos que participaron en el musical fueran introducidos de forma clandestina. La Sala señaló que “de lo actuado se desprende una falta de indicios suficientes de comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros”.

La defensa de Cano argumenta que el atestado policial que inició la investigación se basó en “premisas erróneas, como la indebida aplicación de la legislación vigente y la consideración de los estudiantes como trabajadores ilegales”. A partir de estas premisas, aseguran, se elaboró un atestado lleno de irregularidades y actuaciones policiales destinadas únicamente a la detención de Cano.

Irregularidades en el atestado

Además, los abogados detallan que existen 17 denuncias relacionadas con delitos de coacciones, amenazas y falsificación de documento público vinculadas al procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción número 19. Consideran que “las irregularidades existentes en dicho atestado y en la actuación policial determinan para esta representación un grave delito contra la administración de justicia que solo puede acreditarse si se instruye conjuntamente”. Pese a estas denuncias, la jueza rechazó las inhibiciones solicitadas por otros juzgados.

Finalmente, la defensa subraya las dificultades para ejercer el derecho de defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. Señalan que estas dificultades se deben tanto a la “denegación constante de esta representación a acceder y practicar las diligencias de prueba que considera necesarias, útiles y pertinentes” como a la “parcialidad de la juez, aquí querellada [que] es notoria”.