Montoro y la punta del iceberg de la ‘Agencia Tributaria Patriótica’

La pieza de las empresas gasistas cuyo secreto sumarial se ha levantado es una de varias. Los indicios dicen que Montoro beneficiaba a empresas ‘paganas’ y perseguía a adversarios y examigos

Miren que titular más surrealista:

UN JUEZ IMPUTA A MONTORO, 27 PERSONAS Y 5 EMPRESAS GASISTAS POR COHECHO Y DELITOS GRAVES; LA FISCAL DEL CASO MULTADA CON 1.000 EUROS POR DESOBEDIENCIA

En efecto.

El juez Rubén Rus Vela ha imputado al exministro de Hacienda, a otras 27 personas y cuatro empresas del sector gasista por delitos de cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Y, además, la fiscal Carmen García Cerdá, de la Fiscalía Anticorrupción, ha sido multada por desobedecer a la superioridad, con 1.000 euros, multa confirmada por el fiscal general del Estado y el Tribunal Supremo.

Suena extraño, ¿no? Pues es rigurosa realidad.

Veamos.

El secreto sumarial de siete años, renovado periódicamente como es preceptivo, sigue para todas las demás piezas del caso del bufete Equipo Económico. (EE) fundado por Montoro y al que benefició con la aprobación de legislación a medida de las empresas que presuntamente pagaban por conseguirla. Entre ellas, cinco empresas del gas (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metalicos)

O quizá se trate de la pieza principal, eso lo saben el juez Rus Vela, el Fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y su número dos, Antonio Romeral.

Carmen García Cerdá, pues, sigue teóricamenre, a cargo de la pieza del gas, cuyo secreto ha sido levantado. Precisamente fue ella quien propuso al juez Rus Vela levantar el secreto hacen menos de un año.

Pero su actuación está bajo tutela de Romeral.

La fiscala, que fue apartada de la pieza principal, además fue expedientada más tarde por desobediencia.

Al despedirse de los Mossos, con los cuales trabajó durante varios años en Tarragona, se le acusó de seguir dando instrucciones durante esa visita cuando lo tenía prohibido.

Ella lo negó. Explicó que sencillamente se había reunido para decirles adiós. Es decir alguien de los que se encontró con ella transmitió al fiscal jefe, Alejandro Luzón, que ella había dado alguna instrucción.

A pesar de su negativa, se le abrió expediente.

El promotor de la Acción Disciplinaria del Ministerio Fiscal, Manuel Moix, fue encargado de la instrucción.

Moix había sido fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción durante pocos meses en 2017.

La fiscal García Cerdá fue, pues, subordinada de Moix en 2017, cuando éste último fue nombrado fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción en marzo de aquel año. Nada más llegar, Moix se opuso, a mediados de abril de 2017, a avalar una entrada y registro en la sede del Canal de Isabel II, como parte de las investigaciones de la operación Lezo (dirigida contra el entonces expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González). Pero tanto García Cerdá como el fiscal Carlos Yáñez, responsables de la investigación, invocaron su desacuerdo y la aplicación del artículo 27 del EOMF.

Moix tuvo que convocar una junta de fiscales el 18 de abril y someter la discrepancia. Todos los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción presentes, menos uno que votó en contra y otro que se abstuvo, apoyaron la entrada y registro. Moix, que tenía el respaldo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, sufrió una derrota estrepitosa. El registro se llevó a cabo. El 21 de abril, González ingresaba en prisión.

Por este enfrentamiento, la fiscal recusó a Moix en su expediente. Alegó falta de apariencia de imparcialidad.

Pero el promotor de la Acción Disciplinaria rechazó la recusación. Total que le puso una multa de 1.000 euros por desobediencia.

La fiscal recurrió al fiscal general del Estado, Álvaro García, quien confirmó la multa.

Un nuevo recurso al Tribunal Supremo (Sala Tercera) fracasó y la multa fue confirmada hace pocos días. Ahora, volvamos a Montoro.

La pieza de las empresas gasistas es una de las que investiga el juez Rus Vela.

Este periódico está en condiciones de informar que existen correos electrónicos, todavía bajo secreto, donde desfilan por el equipo de Montoro actuaciones sobre Rodrigo Rato, Juan Carlos Monedero, cambio de criterio sobre la tributación se partidos que cobran donaciones en negro (Gürtel ), propuestas de legislación para Codere, la patronal del juego, por parte de Rafael Catalá, la situacion fiscal de Jordi Pujol, Esperanza Aguirre y la filtración de su declaración fiscal en mayo de 2015.

Lo que aloja el juzgado de instruccion numero 2 de Tarragona, mira por dónde, es una caja negra. Contiene los correos y comunicaciones cruzadas entre los miembros del equipo de Montoro en distinros puestos del Ministerio de Hacienda. Habrá que ver cual es ahora la estrategia de Luzon y Romeral sobre ese material potencialmente explosivo.