España se sitúa entre los países de la UE con peor percepción ciudadana sobre la independencia judicial

Los datos muestran que solo el 6% de los españoles tiene una opinión “muy buena”, mientras que un 33% la considera “bastante buena”

España se sitúa como séptimo país por la cola en la Unión Europea en cuanto a la percepción que tienen sus ciudadanos sobre la independencia de jueces y tribunales, según el informe anual de la Comisión Europea sobre los sistemas judiciales de los Estados miembro, publicado este martes.

Los datos muestran que solo el 6% de los españoles tiene una opinión “muy buena” sobre la independencia de la justicia en el país, mientras que un 33% la considera “bastante buena”. En contraste, más de la mitad de los encuestados tiene una percepción negativa: un 32% la describe como “bastante mala” y un 20% como “muy mala”. El 9% restante no expresó una opinión al respecto.

Con estos resultados, España queda por detrás de países como Polonia, que registra el peor dato de la UE (3% de opinión “muy buena” y 21% “bastante buena”), así como de Croacia, Bulgaria, Eslovaquia, Grecia y Hungría, todos con niveles similares o mejores de confianza ciudadana en sus respectivos sistemas judiciales.

Causas

Cuando se pregunta a los ciudadanos por las causas de esta desconfianza, el 42% en España lo atribuye a “interferencias o presiones del gobierno y los políticos”. Otro 40% señala presiones de grupos económicos o de interés, y un 30,2% cree que el estatus o posición de los jueces no garantiza suficientemente su independencia.

El estudio también revela que la percepción negativa no se limita a la ciudadanía. Las empresas españolas muestran un nivel de desconfianza igualmente alto, situando al país en las últimas posiciones del ranking europeo también en este apartado.

Estos resultados refuerzan la preocupación en Bruselas sobre la situación de la independencia judicial en algunos Estados miembro, y colocan a España en una posición delicada frente a sus socios europeos, en un momento en que la imparcialidad del poder judicial es clave para garantizar la calidad democrática.