Manos Limpias quiere una condena de cuatro años de cárcel para el fiscal general por revelación de secretos

En caso de que el proceso llegue a juicio, solicita que se cite a declarar al actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López

El sindicato Manos Limpias ha solicitado al Tribunal Supremo que imponga una condena de cuatro años de prisión al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de violación de secretos, relacionado con la supuesta filtración de información sobre la causa por fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En su escrito de conclusiones provisionales presentado ante el alto tribunal, Manos Limpias, una de las acusaciones en este procedimiento, solicita también que, en caso de que el proceso llegue a juicio, se cite a declarar al actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Según el documento, al que ha tenido acceso Fuentes Informadas, además de la pena de prisión para García Ortiz, se pide su suspensión de cargo público durante tres años y el pago de una multa de 216.000 euros. De forma subsidiaria, el sindicato solicita tres años de prisión, cinco de inhabilitación o, alternativamente, una multa de 144.000 euros y tres años de inhabilitación por el delito de infidelidad en la custodia de documentos.

A lo largo del escrito, Manos Limpias reproduce el auto del juez Ángel Hurtado, que procesó tanto al fiscal general como a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez —aunque el sindicato no dirige su acusación contra ella— por revelación de secretos. Dicha resolución se encuentra actualmente recurrida ante la Sala de Apelación.

Delito de violación de secretos

El magistrado planteó juzgar a ambos por la supuesta filtración de un correo fechado el 2 de febrero de 2024, en el cual el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, «de común acuerdo», admitía ante el fiscal la comisión de dos delitos fiscales en su nombre. Manos Limpias basa su acusación principal en un delito de violación de secretos, aunque de forma subsidiaria propone el de infidelidad en la custodia de documentos, asegurando que «no hay duda» de que el fiscal general «estaba legitimado para acceder al documento».

El sindicato sostiene que, «nos hallamos ante un supuesto de exhibición o entrega del documento secreto a un tercero no autorizado: su remisión, tanto de forma directa como a través de la Presidencia del Gobierno, a los medios de comunicación social, para su difusión pública».

Además de solicitar la declaración de Óscar López —entonces jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez—, Manos Limpias pide que también sean llamados como testigos la que era su asesora, Pilar Sánchez Acera, y el exlíder del PSOE madrileño, Juan Lobato.