Giro copernicano de la pareja de Ayuso al rechazar haber cometido dos delitos fiscales y contradecir a su abogado y a Miguel A. Rodríguez

Alberto González Amador deja a su abogado Carlos Neira y al jefe de gabinete de Díaz Ayuso a los pies de los caballos al acusar a uno de enviar al fiscal el 2 de marzo de 2024 una propuesta de conformidad que desconocía y al otro de filtrar el correo que le dio

«El tren del pacto de conformidad al que querían subirse Neira y González Amador ya ha pasado. Claro que Neira y González Amador dirán ahora donde dije digo Diego y la pareja de Ayuso en lugar de declararse culpable proclamará su inocencia». Una declaración que el magistrado instructor, Ángel Hurtado, denegó a la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García, y que le fue impuesta por la Sala de Apelación del caso en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha desvelado este viernes 23 un viraje espectacular después del estallido del caso hace ya más de un año, en marzo de 2024.

Alberto González Amador, dueño de la empresa Maxvell Cremona -con la que intermedió en la venta de mascarillas en la pandemia, con un beneficio de 2 millones de euros- ha declarado que no conoció la propuesta de su abogado, el exalto cargo de Hacienda Carlos Neira, al fiscal de Madrid, Julián Salto, de pactar la conformidad en los dos delitos fiscales que se le imputan -350.951 euros de cuotas defraudadas en 2020 y 2021- y que ha sufrido un “destrozo” en sus actividades al ser estigmatizado como “defraudador confeso”. Por tanto, ha proclamado de hecho su inocencia.

Pero esta declaración nada tenía que ver con el motivo por el cual fue citado a declarar: como querellante contra el fiscal general del Estado, Álvaro García, y la fiscal-jefe de Madrid, Pilar Rodríguez por la filtración de un correo del 2 de febrero de 2024 en el cual, precisamente, se reconocía por su abogado y el exalto cargo de Hacienda, Carlos Neira, haber cometido los dos delitos citados.

González Amador está imputado un procedimiento penal abierto por los delitos fiscales en el juzgado número 19 de Madrid, a cargo de la jueza María Inmaculada Iglesias, pero se ha negado una declaración prestar sobre ellos hasta tanto no haya desenlace sobre una pieza separada que investiga, en la citada pieza, delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios con el grupo sanitario Quirón, uno de los principales contratistas con la Comunidad de Madrid que preside la pareja de González Amador. Es decir: Díaz Ayuso.

Por tanto, es la primera vez que González Amador, según se ha apuntado, cuestiona los delitos fiscales y las 16 facturas falsas que se atribuyen a su empresa Maxwell Cremona, hechos que durante más de un año se daban como aceptados.

Teóricamente, el magistrado instructor -que curiosamente ya había señalado en un auto que González Amador no puede ser llamado “defraudador confeso”- podía haber limitado la declaración a la filtración -que es objeto de la causa- y considerar el contenido materia del juzgado de instrucción 19 de Madrid.

Pero el caso es que no lo hizo. González Amador se refiere a Neira en relación al correo del 2 de febrero de 2024, en los cuales el citado abogado atribuye a su defendido apoyar el acuerdo que estaba proponiendo.
Pero es que hay más: con ese correo -el que reconocía los dos delitos- Neira envió al fiscal un documento anexo de 8 folios en el que informaba sobre la sanción que estaban dispuestos a aceptar para evitar 8 meses de prisión (cuatro por cada uno de los dos delitos); el pago de la cuota defraudada (350.951 euros), los intereses de demora y una sanción del 40% de su deuda con Hacienda.

En total: fueron 520.000 euros

Según su versión de este viernes, Neira actuó a sus espaldas y por su propio riesgo y cuenta adoptó la iniciativa de contactar con la Fiscalía de Madrid. Pero es que el mismo día que envió el correo y su propuesta también mandó otro a in miembro de la abogacía del Estado con el cual preparaba el terreno para la negociación.

Con todo, González Amador no solamente ha colocado a Neira en la picota sino también a Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque los tres acordaron, según declaró MAR ante el juez, pasar al diario El Mundo el día 13 de marzo de 2024 el correo perteneciente al fiscal Julián Salto en el que contestaba a Neira que era posible negociar el pacto de conformidad que proponía.
Fue esa la primera ruptura de la reserva y, para más inri, con un correo que no era de ellos sino del fiscal de Madrid. Lo que vino después -filtración del contenido del correo del 2 de febrero de 2024- fue la segunda filtración, esa que el juez Hurtado atribuye, sin pruebas directas, al fiscal general del Estado.

González Amador, en línea con lo que explicó Díaz Ayuso en la entrevista con Onda Cero a finales de abril pasado, va a ir a juicio oral sobre los dos delitos fiscales. En lugar de dar la noticia en el juzgado 19 de Madrid -donde está esa causa- lo ha anunciado este viernes ante el juez Hurtado.
¿Cui prodest? Es decir: ¿a quién beneficia? A Díaz Ayuso. Porque si González Amador no sabía nada de aceptar haber cometido los dos delitos… ¡menos lo sabía ella!

Ya MAR había dicho que si su abogado hubiera enviado el correo del 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía de Madrid estaría ahora mismo en Australia.
«Si el no autorizó el correo del 2 de febrero de 2014, que secreto, que relación abogado-cliente se ha revelado, ¿qué estamos protegiendo con el delito, a un abogado mentiroso que habla por su cliente sin ser cierto?» dice una fuente sobre la confesión de González Amador.

Lo previsible: que el abogado Neira y MAR asuman la versión de González Amador.

Una de sus explicaciones fue muy sugerente. Fue cuando negó conocer el pacto de conformidad que se negociaba. «Yo sólo le dije a mi abogado que hiciera una negociación discreta y que no se hiciera ruido». O al hablar de la filtración del correo del 12 de marzo del fiscal Salto. «Le dije a MAR que lo vea».