Los funcionarios amenazan al Gobierno con una gran movilización: «Seguimos con los sueldos congelados»

El Ejecutivo debería al conjunto de los empleados públicos una media de 1.200 millones de euros por atrasos salariales vinculados a la evolución del IPC

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha propuesto este jueves a los sindicatos CC OO y UGT unirse en un frente común para organizar una gran movilización en toda España. El objetivo es presionar al Gobierno para que se siente a negociar la subida salarial de este año y abone el 0,5% pendiente correspondiente a 2024.

«Estamos a 8 de mayo y al contrario que la inmensa mayoría de los españoles, los trabajadores de las administraciones públicas seguimos con nuestros sueldos congelados y todavía se nos debe el 0,5% de subida desde el año pasado», ha denunciado Borra durante una rueda de prensa.

Según cálculos de CSIF, el Ejecutivo debe al conjunto de los empleados públicos una media de 1.200 millones de euros por atrasos salariales vinculados a la evolución del IPC. Por ello, el sindicato exige que el Gobierno apruebe esta subida por decreto, como ya lo hizo en 2020 y 2024, y ha anunciado que se enviará una petición formal al presidente Pedro Sánchez, ante la «inacción» del ministro de Función Pública, Óscar López.

Otros problemas

Además del tema salarial, Borra ha puesto el foco en otros problemas estructurales que afectan al empleo público, como la elevada temporalidad, la inestabilidad laboral y el envejecimiento de las plantillas. Recordó que, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), «las AAPP perdieron 92.000 trabajadores durante el primer trimestre, la mayor destrucción de empleo de la serie histórica».

En cuanto a la temporalidad, Borra considera que los datos del sector público son «demoledores», y advirtió de que la Unión Europea «ya ha abierto a España dos expedientes sancionadores que pueden culminar con una multa multimillonaria». A ello se suma la preocupación por el envejecimiento del personal: más del 60% de los empleados públicos tienen más de 50 años, y cerca del 30% podrían jubilarse en la próxima década. «Esto supondría un colapso en servicios fundamentales para los ciudadanos, como el SEPE o la Seguridad Social», ha alertado.

Borra también denunció el retraso en el reconocimiento del derecho a la jubilación anticipada de los empleados públicos y pidió la implantación generalizada de la jornada laboral de 35 horas semanales en toda la Administración. Asegura que el Gobierno «no está haciendo nada», y lamenta: «Seguimos sin presupuestos, sin oferta de empleo público y con una tasa de reposición que impide reforzar las plantillas».

En respuesta a esta situación, el presidente de CSIF anunció que se pondrá en contacto de inmediato con CC OO y UGT para preparar una protesta conjunta a nivel nacional. Además, el sindicato propondrá a los grupos parlamentarios una iniciativa legislativa que permita revalorizar automáticamente los salarios del personal público cada año en función del IPC, sumado a un porcentaje adicional pactado en negociación.