Ayuso se libra de la investigación por homicidio imprudente durante el Covid-19

Son ya 23 los procedimientos cerrados por el fallecimiento de ancianos durante la pandemia en residencias públicas de la Comunidad de Madrid

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha decidido archivar una investigación relacionada con la muerte de tres residentes de una residencia de mayores en Puente de Vallecas durante la fase más crítica de la pandemia del Covid-19. Esta investigación surgió a raíz de una querella presentada contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y dos de sus exconsejeros, acusados de un presunto delito de homicidio imprudente.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones abiertas respecto a la directora de la citada residencia y la gestora del centro de mayores.

La querella se interpuso contra Díaz Ayuso, los entonces consejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, la directora la Residencia Domus VI Albufera, y la mercantil Geriavi, S.A.U., gestora de la referida Residencia, por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación.

En diciembre de 2021, el juez admitió a trámite la querella sólo respecto a la directora del centro y la mercantil Geriavi, por tres delitos de homicidio por imprudencia.

La resolución judicial se basa en los informes de la perito forense

El juez esgrime en la resolución que los informes de la perito forense establece claramente que, de haberse derivado a las pacientes a un hospital y haberse confirmado el Covid-19 con anterioridad, no se hubiera evitado los fallecimientos

«No puede acogerse como cierto el requisito de la evitabilidad del resultado, imprescindible para poder apreciar el tipo penal del homicidio imprudente que se le atribuye a la querellada», recalca el juez.

Con el archivo de este causa, son ya 23 los procedimientos cerrados por el fallecimiento de ancianos por Covid en residencias públicas de la Comunidad de Madrid al no acreditarse la comisión de delito alguno en relación a los protocolos de derivación de pacientes a hospitales en la primera ola de la pandemia.