Cuatro años y medio de cárcel para un funcionario de prisiones por vender permisos y favores

El jurado, por siete votos a favor y dos en contra, declaró culpable de cohecho al acusado

Un funcionario de prisiones de 53 años ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por cohecho en la Audiencia de Jaén. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa de 3.240 euros y quedará inhabilitado para empleo público durante diez años y seis meses. La sentencia también le impone las costas del juicio.

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el funcionario vendió permisos y favores a internos de la cárcel de Jaén a cambio de dinero. De manera irregular, gestionaba visitas y introducía artículos como comida, bebidas alcohólicas y teléfonos móviles, sin cumplir los procedimientos legales establecidos, y sin conocimiento de las autoridades penitenciarias.

El veredicto se emitió el 18 de abril, cuando un jurado lo declaró culpable de cohecho por siete votos a favor y dos en contra. La magistrada presidenta ha dictado la sentencia, imponiendo la pena de cárcel y las demás condiciones de la condena.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba seis años de prisión y una multa de 14.400 euros por un delito continuado de cohecho. El acusado, que lleva tres años retirado del servicio, negó haber aceptado dinero de los internos durante el juicio. Su defensa argumentó que las acusaciones eran motivadas por venganza y resentimiento de los presos descontentos y por animadversión de la dirección de la prisión.

La Guardia Civil investigó el caso, que fue llevado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén

La investigación se inició en 2021 tras denuncias de internos. La Guardia Civil investigó el caso, que fue llevado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén. Durante la investigación se utilizaron seguimientos con balizas para grabar al funcionario en encuentros con familiares de internos y al parecer introduciendo objetos prohibidos en la prisión.

Tres testigos protegidos declararon por videoconferencia, afirmando que el funcionario cobraba por permisos y visitas conyugales, además de introducir artículos en la prisión a cambio de dinero. Otro testigo admitió haber pagado al acusado por servicios después de salir de prisión.

El director de la prisión declaró que había tenido conocimiento informal de estas prácticas, pero que nadie formalizó denuncias. Descartó que el acusado influyera en las decisiones de la Junta de Tratamiento de la prisión.

La sentencia no es definitiva y puede ser apelada ante el TSJA. La defensa del funcionario está preparando el recurso.