La Policía Nacional registra las instalaciones de la Sanidad de Canarias para investigar sobre el ‘caso Mascarillas’

Las autoridades no han proporcionado detalles específicos sobre las evidencias recopiladas durante el registro ni han realizado declaraciones adicionales de la investigación

Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y Madrid registraron la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para buscar información sobre el caso Mascarillas, según indicaron a Europa Press.

El registro se llevó a cabo alrededor de las 08.25 horas del jueves, 9 de mayo. La medida se ejecutó debido a la implicación del exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, entre los investigados. Domínguez compareció ante la Fiscalía Europea el pasado lunes, 6 de mayo, pero optó por no hacer declaraciones.

Domínguez acudió en calidad de investigado en una causa en la que se investigan los cuatro millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas. El exdirector del SCS está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

Presentó su dimisión en noviembre de 2022, tras dos años en el cargo durante el Gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

En concreto, el Ministerio Público europeo pone la lupa en el pago de cuatro millones de euros por adelantado a la empresa RR7 United por mascarillas que nunca fueron entregadas. De hecho, fueron destruidas por agentes de Aduanas en el Puerto de La Luz tras llegar un cargamento procedente de Etiopía y constatarse que estaban falsificadas.

Finalmente, tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, el órgano comunitario investiga a Domínguez y también, entre otros, a Rayco González administrador de la empresa RR7 por estafa agravada y blanqueo de capitales, y a la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación.