El Supremo evaluará la legalidad del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática

García Ortiz no permitió al Consejo Fiscal evaluar si la nombrada por Sánchez incurrió en alguna causa de incompatibilidad

El Tribunal Supremo (TS) evaluará este martes la posible anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Este escrutinio surge tras la anulación, el pasado noviembre, de su designación como fiscal de Sala de lo Militar del Supremo, decisión tomada debido a una supuesta «desviación de poder» por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo será la encargada de examinar los recursos presentados por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, quien también aspiraba al cargo. Los recursos impugnan la designación de Delgado al frente de Memoria Democrática.

Los tres recursos instan al Supremo a declarar la nulidad del nombramiento y retrotraer las actuaciones al momento previo a la designación de Delgado. Argumentan que el fiscal general del Estado, García Ortiz, no permitió al Consejo Fiscal evaluar si Delgado incurrió en alguna causa de incompatibilidad, dado que su pareja, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, lidera una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.

El nombramiento impugnado se decidió el 8 de junio de 2023 en un tenso Pleno del Consejo Fiscal que tuvo lugar tras la polémica generada por la decisión del fiscal general de adelantar la reunión, prevista inicialmente para el 19 de junio, para garantizar que los nombramientos se materializasen pese al adelanto electoral al 23 de julio.

En oposición al Consejo Fiscal

Una vez iniciada la reunión del órgano consultivo, los siete vocales de AF y APIF insistieron en la necesidad de suspender la deliberación y votación de la plaza a la que optaba Delgado para aclarar antes si la también exministra de Justicia incurría en causa de incompatibilidad por su relación con Garzón.

García Ortiz lo rechazó, por lo que estos siete vocales decidieron no participar ni en la deliberación ni en la votación de la plaza, algo que según la AF impidió que la voluntad del Pleno para informar sobre esta propuesta de nombramiento se formara correctamente y supondría «una nulidad de pleno derecho».

El jefe del Ministerio Público propuso nombrar a Delgado, pese a que ésta solo recibió los votos de un vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que pertenecieron tanto él como ella y de las dos vocales natas. El otro vocal de la UPF apoyó a otro candidato. No obstante, cabe recordar que el Consejo Fiscal es un órgano consultivo y que el fiscal general tiene la última palabra.

Al anunciarse la decisión de García Ortiz, la Fiscalía resaltó la «extensa experiencia jurisdiccional» de Delgado «en la investigación y persecución de crímenes contra la Humanidad y violaciones de los Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional».

Segundo nombramiento bajo escrutinio

Finalmente, el Gobierno nombró a Delgado el 13 de junio. Desde entonces han pasado 11 meses y la exfiscal general continúa en el cargo como fiscal de Sala de Memoria Democrática.

El Supremo estudiará este nombramiento casi un mes después de que el Consejo de Ministros ejecutara la sentencia que ordenó anular su ascenso a la máxima categoría como fiscal de Sala de lo Militar del Supremo.

Aunque la resolución no lo decía expresamente, al ordenar rebobinar el proceso, se anulaba el nombramiento de Delgado, si bien no estaban claros sus efectos prácticos, ya que luego fue designada para otro cargo de la máxima categoría que ahora revisará el tribunal.

Según explicaron entonces fuentes del TS a Europa Press, la anulación del primer nombramiento suponía también anular su ascenso a la máxima categoría y, por tanto, impacta también en su actual cargo. Sin embargo, otras fuentes jurídicas discrepaban, apuntando que sus actuales responsabilidades quedaban indemnes a la espera de que el Supremo confirme o anule su nombramiento como fiscal de Memoria Democrática.