Hoy: 23 de noviembre de 2024
Las movilizaciones de tractores por casi toda España, a excepción de Galicia, adquieren un alcance especial. Nuestra alimentación, la de todos, podría estar en juego y la supervivencia del campo, exageran los convocantes de la protesta, pudiera verse menoscabada.
Pese a las exageraciones, las reivindicaciones que exigen los agricultores requieren de una atención especial. Las demandas no son unitarias, sino más bien diversas. A grandes rasgos, hay pequeños agricultores y grandes propietarios, que adoptan distintas formas de defensa de sus intereses. Los hay asociados en organizaciones como COAG, para los pequeños agricultores y ASAJA, para los grandes propietarios.
Ahora ha surgido una plataforma que se denomina 6F, al frente de la cual se encuentran personas vinculadas en su día al partido de ultraderecha Vox y a la Plataforma Desokupa. La nueva entidad ha surgido en las redes, convoca a sus seguidores por vía de watsapp y se propone llevar la voz cantante de un conflicto que se plantea como meta “bloquear Madrid”, como pregonan.
Veamos. La protesta de los agricultores españoles ha surgido al calor de la recientemente iniciada por los agricultores en Francia, dirigida contra Europa, a la que acusan de legislar de manera muy estricta al respecto del campo, con exigencias medioambientales y fitosanitarias que no solo burocratizan, sino que encarecen la producción agrícola de los países europeos.
Esas exigencias, según dicen, no se aplican a las importaciones de fruta procedentes de Chile o Nueva Zelanda, por citar dos ejemplos. En España, las reivindicaciones francesas, otrora dirigidas contra intereses españoles y entonces aquí impugnadas, han sido ahora asumidas; si bien ahora, por parte de los nuevos sujetos en escena, se ven politizadas con un tinte antigubernamental, olvidando al parecer la unificación europea de la Política Agraria Común que se dicta desde Bruselas.
Es preciso diseccionar los distintos niveles de este grave asunto. Hay que tener en cuenta una premisa: Europa ha tratado de atajar los problemas agrarios mediante una política de subvenciones. Para ello, creó un Fondo Europeo de Ordenación Agraria con dos tipos de subvenciones, las de Orientación, destinadas a los pequeños agricultores que quisieran mejorar la mecanización de sus cultivos y modernizar sus explotaciones; y las de Garantías, ayudas de tipo general.
Para percibir las primeras, era preciso que el demandante de subvención residiera en la explotación y obtuviera de ella el 50% de sus ingresos, para ser considerado Titular Principal. Pero los grandes propietarios comenzaron a presionar para rebajar estas condiciones, proponiendo primero la alternativa de que al agricultor debiera residir en el término municipal de la explotación, para diluirse luego este requisito.
El caso es que los grandes propietarios resultaron ser los grandes perceptores de este tipo de subvenciones: a escala europea, la Reina de Inglaterra fue la que más dinero comunitario recibió y, en España, la Duquesa de Alba figuraría entre las máximas perceptoras de ayudas. De tal manera, las grandes posesiones fundiarias, las de los terratenientes, ser llevarían a partir de entonces la parte del león, quedando los pequeños agricultores en una posición subalterna respecto de las ayudas.
Tal era una de las dimensiones del problema, del que, hasta nuestros días, han derivado al parecer casi todos los demás. Entre ellos destaca el de la inflación desorbitada de intermediarios, los compradores de los productos del campo, que los encauzan, por ejemplo, hacia las grandes superficies.
Esa intermediación, grava sobremanera los precios al público, pero su beneficio degrada los precios que el agricultor percibe hasta niveles por debajo de los propios cánones del mercado y eleva los precios de los productos al consumidor de manera exponencial. Ante este desequilibrio en el mercado desigual entre los precios de producción y los que adquieren los precios de consumo, los agricultores protestan y sacan sus tractores a la calle.
Solo un desarrollo del cooperativismo, dicen los expertos, puede impedir que el mercado se cebe contra los pequeños agricultores que hoy comparecen desunidos y en situación de inferioridad respecto de intermediarios y grandes superficies.
Sobre esta base objetiva y estructural del problema vienen las proyecciones e interpretaciones de distintos sectores, entre las que no faltan las de tipo ideológico. Tradicionalmente, amplios grupos rurales han sintonizado con el pensamiento conservador, cuestión obvia habida cuenta de la dependencia del campo respecto de la meteorología.
Hoy, sin embargo, dado el desarrollo de las previsiones atmosféricas, no ha lugar a aquellos temores, fuente entonces incluso de supersticiones, como la de impetrar la lluvia mediante el paseo en procesión de santos locales. No obstante, hay amplios sectores de la población campesina que piensan que el cambio climático sería más o menos un cuento, lo cual haría superfluas las medidas verdes de protección medioambiental y ecológica de los productos ganaderos y los del campo, convirtiendo en inútil la Agenda 2030.
Tienen, además, tendencia a olvidar que Europa, pese a su burocracia y su crecimiento elefantiásico, sigue siendo un amplio espacio de libertades en la escena mundial, que requiere de una ingeniería tremendamente delicada y sofisticada para regir el destino de 27 Estados cada cual con sus particularidades.
Al problema descrito hay que añadir el oportunismo de quienes quieren, por todos los medios, atacar al Gobierno español de coalición a costa de lo que sea; y ello, sin mostrar escrúpulos a la hora de jugar incluso con las cosas de comer de todos. (Curioso que las tractoradas no se hayan convocado en Galicia, comentaba recientemente un experto en temas agrícolas).