La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este martes en la sede del Ministerio de Justicia por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Los agentes han acudido a requerir toda la información y los expedientes relativos a la solicitud de nacionalidad española de Nervis Villalobos, quien fuera viceministro de Energía de Venezuela entre 2001 y 2006, en el marco de una investigación que busca esclarecer presuntas mediaciones políticas en el proceso.
La cartera dirigida por Félix Bolaños ha hecho entrega de la documentación a la Guardia Civil y ha confirmado que la nacionalidad le fue concedida a Villalobos en abril de 2025, procediéndose a su inscripción en octubre de ese mismo año. Desde el Ministerio de Justicia defienden la legalidad del procedimiento y señalan que la solicitud del exviceministro venezolano —quien se acogió a la Ley de Memoria Democrática— fue «examinada y estimada con criterios jurídicos por cuatro funcionarios», tras haberle sido denegada previamente en los años 2017 y 2020.
La sospecha de los investigadores se centra en el papel de Leire Díez, señalada como presunta ‘fontanera’ de la trama, a quien la UCO intervino mensajes telefónicos que apuntan a que intentó influir en favor del político venezolano, actualmente investigado en varias causas judiciales como el caso Duro Felguera. En los chats intervenidos, cuando Villalobos le envió capturas de pantalla sobre el estado de su expediente de nacionalidad, Díez respondió de manera explícita con un comprometedor: «Lo he mandado para que lo miren».
El sumario del denominado caso Leire detalla que la investigada mantuvo conversaciones a finales de 2024 con el exabogado de Koldo García, Ismael Oliver. En dichos mensajes, Díez afirmaba que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, le había transmitido que un cargo llamado «Félix» justificaba los anteriores rechazos de la nacionalidad debido a la causa judicial que Villalobos tiene pendiente en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía le solicita una pena de nueve años de prisión.
Finalmente, el informe de la Guardia Civil revela que las gestiones de la red de influencias no se limitaron a la obtención de los documentos de identidad españoles, de los que Villalobos ya dispone. Los implicados también intentaron mediar ante el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, a través de contactos con terceras personas como la eurodiputada socialista Hana Jalloul, con el objetivo de facilitar la justificación de los fondos económicos del político venezolano y facilitarle la apertura de cuentas bancarias en el país.