La fiscalía archivó la mayor parte de contratos covid, pese a las deficiencias e irregularidades que se hallaron en ellos

En los primeros meses de pandemia se realizaron 13.211 contratos de emergencia y el Tribunal de Cuentas ha examinado el 10%

Enriqueta Chicano, la presidenta del Tribunal de Cuentas, ha explicado en el Congreso que en los contratos de emergencia suscritos en los primeros meses de pandemia hubo deficiencias y posibles irregularidades, derivadas de las limitaciones de aquellas semanas de crisis sanitaria y de estado de alarma. Asimismo, ha subrayado que en los problemas detectados la Fiscalía abrió procedimiento de responsabilidad contable y al final acabó archivando los casos, salvo dos que están a punto de cerrarse a la espera de recuperar el material pendiente de entrega.

En total, y según ha explicado Chicano ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado), la institución ha realizado un total de siete informes de fiscalización sobre la contratación de emergencia en esos meses de pandemia, todos aprobados por unanimidad, y sólo les resta completar uno de balance general que se espera para este año.

13.211 contratos en los primeros meses

Según los datos del Tribunal, en aquellos primeros meses de pandemia los ministerios, los principales ayuntamientos y las empresas públicas realizaron 13.211 contratos de emergencia por un valor total de 2.129 millones de euros, y la institución ha examinado el 10% de esos contratos (1.328) que suponen el 83% del importe global (1.758 millones). No obstante, cabe destacar que en esas cifras no se incluyen la contratación de Madrid, Cataluña, Baleares y la mayoría de comunidades, que tienen su propio fiscalizador.

La labor del Tribunal de Cuentas ha sido verificar el cumplimiento de la obligación de remitir la documentación al fiscalizador y a la Intervención, analizar la justificación de la tramitación de emergencia de los contratos y la preparación, adjudicación y formalización de los mismos, y confirmar que había crédito suficiente para la contratación o que al menos que se arregló a posteriori.

Según explica, en lo relativo a la comunicación, en un 75% de los casos no ha habido incidencias relevantes. También se debía informar a la Intervención competente, lo que no ha quedado acreditado en el 23% de los expedientes analizados.

Casos sin una emergencia justificada

Una primera conclusión es que, por lo general, la contratación estuvo vinculada directa o indirectamente con las necesidades de protección de las personas frente al COVID, aunque también ha visto casos en los que no existía tal vinculación, contratos con una justificación “excesivamente genérica”, y otros en los que lo que se necesitaba ya existían antes de la pandemia, lo que revela “una defectuosa planificación”.

Al analizar la preparación, adjudicación y formalización de los contratos se han detectado una serie de carencias: falta de promoción de la concurrencia y/o de negociación del precio, falta de precisión del objeto del contrato, ausencia de comprobación de los requisitos de capacidad y solvencia del contratista, objeto del contrato que no concuerda con el objeto social de la empresa adjudicataria, falta de concreción de los plazos de ejecución o plazos excesivamente largos e incompatibles con la inmediatez que exige la emergencia, y ausencia de formalización por escrito del contrato.

En cuanto a la ejecución de los contratos de emergencia, que no puede exceder de un mes desde la firma, se ha visto ausencia de documentación acreditativa de la recepción y/o conformidad con los bienes recibidos, casos en los que se ha modificado el contrato tras terminar el plazo programado de ejecución, modificaciones sin ajustarse a los límites y requisitos establecidos legalmente para ello, retrasos en las entregas o entrega de material que no cumplía los requisitos establecidos, e incumplimientos del plazo de pago.

El 14% carecen de justificante de pago

“En relación con el pago, se ha observado que el 14% de los expedientes no incluían justificantes de pago y 25 expedientes no acreditaban la aprobación de la cuenta justificativa de los pagos a justificar librados –ha detallado–. También es relevante la existencia de 11 expedientes en los que las facturas incluían un tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido del 21%, a pesar de tener por objeto prestaciones sujetas a tipo cero”.

Otras cuestiones puntuales que ha observado el Tribunal han sido casos de concentración de adquisiciones en un solo proveedor. En estos supuestos se han detectado notables diferencias en el precio medio de adquisición entre distintos organismos y entidades, y una elevada dispersión en los precios, que vino determinada, como norma general, por la cantidad contratada, el tipo de envase o el momento de compra.

La presidenta ha explicado que muchos de los problemas detectados en los informes provocaron la apertura de un expediente de responsabilidad contable a iniciativa de la fiscalía, pero en todos los casos se archivaron salvo en dos expedientes, que también se saldarán sin incidencia ya que “parece ser que están en proceso de recuperación” del material pagado y aún no entregado.

El Tribunal de Cuentas también ha hecho un estudio de las variaciones de precio abonados en la adquisición de una serie de productos homogéneos, como las mascarillas, y salvo en algunas excepciones, los precios del material disminuyeron con el paso de los meses. Eso sí, Chicano destaca “la nula capacidad de las entidades para negociar en un mercado muy tensionado”.

Para el Partido Popular (PP) la institución fiscalizadora se ha mostrado “blanda” con las administraciones, mientras que las administraciones fueron “duras con los ciudadanos”, sancionando a quien no podía presentar a tiempo las declaraciones de renta o de autónomos.