El juicio a David Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias queda visto para sentencia

Las defensas solicitan de forma unánime la absolución de los 11 acusados, mientras que el hermano del presidente del Gobierno declina ejercer su derecho a la última palabra

El juicio celebrado en la Audiencia Provincial por las presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha quedado visto para sentencia.

El proceso ha concluido tras la exposición de los informes definitivos de las defensas, que han reclamado de manera unánime la absolución para los 11 procesados. Durante la última sesión, el propio David Sánchez optó por declinar su derecho a ejercer el turno de última palabra ante el tribunal.

Quien sí intervino activamente en este último turno fue el expresidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, para quien las acusaciones —ejercidas por el PP, Vox y Hazte Oír— solicitan hasta seis años de prisión por prevaricación y tráfico de influencias.

«Han ganado el juicio socialmente»

Gallardo defendió la inocencia del grupo y aseguró que la «única culpabilidad» de los 11 encausados es «no tener las mismas ideas políticas que las acusaciones populares», a las que reprochó buscar exclusivamente «el juicio mediático paralelo» tras haber «ganado el juicio socialmente».

El rechazo a la presión pública fue el nexo común entre los cargos e instituciones provinciales que testificaron al cierre de la vista. El funcionario Félix González reconoció ante la sala «el calvario» que ha supuesto el proceso en los tribunales, añadiendo respecto a la repercusión en la prensa que es algo que no se merece.

En los mismos términos se pronunció el director del área de Cultura, Manuel Candalija, quien respaldó el testimonio de su compañero al criticar abiertamente «el acoso mediático» al que se ha visto sometido a lo largo de la instrucción.

Por su parte, el exdisputado provincial de Cultura, Francisco Martos, mostró su desconcierto por el rumbo de la causa criminal manifestando ante la sala: «Me veo aquí, en el banquillo de los acusados, y no lo acabo de entender». Tanto Martos como su sucesor en el cargo, Ricardo Cabezas, aprovecharon sus alegatos finales para reivindicar la legalidad de los procedimientos de la Diputación y defender la labor clave de estas instituciones a la hora de extender y apoyar las actividades culturales en los municipios.

En la jornada de informes, el letrado Salvador Morillas, defensor de Luis Carrero —amigo de David Sánchez y adjudicatario de la plaza de jefe de actividades transfronterizas—, tildó de «actuación temeraria» de tipo «político mediático» el papel de la acusación popular.

El abogado aseveró que el proceso de selección fue «limpio como una patena y aprobado por el pleno provincial donde también estaba el PP», argumentando que carece de lógica que el puesto se creara para satisfacer «los caprichos personales» de David Sánchez, puesto que la plaza sigue hoy vigente y desempeñándose por otra persona.