La investigación judicial relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra ha dado un nuevo paso con la petición de colaboración realizada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a las autoridades de Estados Unidos. El magistrado busca incorporar como prueba el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la compañía, al considerar que la información almacenada en ese dispositivo podría resultar relevante para el desarrollo de las diligencias.
La solicitud se enmarca dentro de una investigación en la que se analiza un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el rescate público concedido a la aerolínea durante la pandemia. El teléfono fue intervenido por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) en el contexto de una investigación internacional sobre presuntas actividades de blanqueo de capitales y evasión de sanciones. Según la documentación judicial, parte de esa información ya fue compartida con las autoridades españolas y ahora se pretende reforzar su validez procesal para que pueda utilizarse en el procedimiento judicial.
De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, el contenido extraído del dispositivo incluye comunicaciones relacionadas con operaciones financieras, movimientos de fondos y conversaciones entre personas vinculadas a la aerolínea. Los investigadores consideran que estos mensajes podrían ayudar a reconstruir determinados contactos y decisiones adoptadas durante el proceso de rescate de la compañía.
La cooperación entre España y Estados Unidos ha sido fundamental en distintas fases de esta investigación, especialmente por el carácter internacional de algunas de las operaciones analizadas. El objetivo de la nueva petición judicial es garantizar que la información obtenida en territorio estadounidense pueda ser utilizada con todas las garantías legales en los tribunales españoles.
Mientras tanto, la causa continúa avanzando y los investigadores siguen recopilando documentación y pruebas para esclarecer los hechos. La incorporación de nuevos elementos probatorios podría resultar determinante para el desarrollo de una investigación que mantiene una notable repercusión política y judicial y que continúa generando interés tanto dentro como fuera de España.